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Diez Años de Censura

antiterroristas.cu

25/5/2011

Hace diez años, el 25 de mayo de 2001, el Gobierno norteamericano, en lo que según ellos mismos constituía una acción sin precedentes en la historia de ese país, reconoció que carecía de pruebas para sostener su acusación de conspiración para cometer asesinato contra Gerardo Hernández por el derribo de las avionetas el 24 de febrero de 1996 y pidió a última hora retirarla.

Lo hizo  en un documento oficial, una “Solicitud de Urgencia de un Auto Inhibitorio” a la Corte de Apelaciones, alegando que “a la luz de las pruebas presentadas en el juicio, esto constituye un obstáculo insuperable para Estados Unidos en este caso y probablemente resultará en el fracaso de la acusación en este cargo”.

Pero el mismo no existe para quienes se hacen llamar “medios de información”. Haciendo referencia a este documento Ricardo Alarcón, Presidente de la Asamblea Nacional dijo: “De mi ancestro andaluz guardo cierta tendencia a la obstinación y por eso cargo con él de vez en cuando, pues los gitanos también creen en el azar. Nunca se sabe. A lo mejor un día alguien descubre que este documento existe.”

De la SOLICITUD DE URGENCIA DE UN AUTO INHIBITORIO presentada por el Gobierno de Estados Unidos ante la Corte de Apelaciones, Mayo 25, 2001

(p. 4, 5)

Los Estados Unidos de América, ante instrucciones erróneas al jurado que ponen en peligro la seguridad nacional y crean una barrera casi insuperable para un proceso que involucra a agentes extranjeros, uno de los cuales conspiró para asesinar a ciudadanos norteamericanos, toma la decisión sin precedentes de solicitar a esta Corte un auto inhibitorio… Estados Unidos presenta esta solicitud con plena conciencia de los numerosos obstáculos que debe superar.

(p. 21)

… A la luz de las pruebas presentadas en el juicio, esto constituye un obstáculo insuperable para Estados Unidos en este caso y probablemente resultará en el fracaso de la acusación en este cargo.

(p. 27)

A la luz de estos casos, y en vista a la instrucción propuesta por el gobierno en relación con la actual posición de los asesinatos en este caso, el gobierno no debe estar obligado a probar que el acusado Hernández estuvo de acuerdo con que los asesinatos ocurrieran en la jurisdicción especial marítima y territorial de Estados Unidos. Las instrucciones como las propone Estados Unidos con el elemento adicional señalado permiten una conclusión por parte del jurado que apoyará la jurisdicción federal. La propuesta contraria, solicitada por el acusado Hernández y aceptada por la corte de distrito, impone una barrera insuperable a esta fiscalía. 

Sucedió en Miami, RIcardo Alarcón de Quesada

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