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Caso de antiterroristas cubanos: la evidencia abrumadora

Por Deisy Francis Mexidor*

La Habana (PL) Hay evidencia abrumadora sobre las arbitrariedades con cinco antiterroristas cubanos presos en Estados Unidos, condenados en Miami en el año 2001, en un intento por dañar a Cuba. A 13 años de su encarcelamiento, los Cinco esperan aún que la verdad se abra paso y se imponga en el sistema de justicia de ese país.

Para el abogado estadounidense Richard Klugh, integrante del equipo de la defensa de Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González, la actitud del gobierno de su país es contraproducente.

En declaraciones a Prensa Latina, Klugh expresó que es una “vergüenza” la manera en que el gobierno le pagó a periodistas para envenenar la atmósfera contra los acusados, la mala fe demostrada, así como el abuso de los procesos debidos.

Los Cinco, como se les conoce en las campañas internacionales por su liberación, fueron arrestados el 12 de septiembre de 1998 en Miami, donde advertían a Cuba acerca de planes criminales de grupos extremitas radicados en el sur de la Florida.

Las declaraciones de Klugh se producen a propósito de lo ocurrido el 16 de septiembre pasado, cuando la jueza Joan Lenard, del Distrito Sur de la Florida, rechazó la moción presentada por René González, uno de los prisioneros, en la que solicita viajar a Cuba y residir allí, en lugar de cumplir los tres años de libertad supervisada en territorio norteño.

DECISIÓN SIN PRECEDENTE

Al referirse a este asunto, Klugh expresó que negarle el derecho de reunirse con su familia después de cumplir su condena es una “decisión sin precedentes”, que “ha causado un gran dolor a la familia de René”.

Dijo no tener “conocimiento de ningún otro caso en la historia estadounidense” en el que a un reo, luego “de completar totalmente su condena, le nieguen el derecho de regresar a su país para reunirse con su familia”.

González expira una sentencia de 15 años en una cárcel de Marianna, Florida, de donde debe salir el próximo 7 de octubre, tras lo cual tendrá tres años de libertad supervisada por haber nacido en Estados Unidos.

Klugh recordó que a René “en todos estos años, se le ha negado (también) la oportunidad de ver a su esposa, Olga (Salanueva)”.

HÁBEAS CORPUS

Gerardo Hernández, quien cumple una doble cadena perpetua más 15 años en una cárcel de máxima seguridad en Victorville, California, presentó su solicitud de hábeas corpus en marzo, sobre la base de nueva evidencia. El 25 de abril recibió la réplica del gobierno, opuesto a la solicitud.

Pero el 16 de agosto el equipo legal de Hernández radicó ante el tribunal de Miami una exhaustiva réplica, así como memorandos y affidavits adicionales, en respuesta a la negativa de la administración estadounidense de proscribir, desechar o corregir el juicio y la sentencia.

El hábeas corpus de Hernández Nordelo está basado en dos cuestiones fundamentales: la prevaricación, pues está documentado que Washington pagó a periodistas de Miami en perjuicio de los Cinco.

Y por otra parte, contempla su absoluta inocencia respecto al derribo de dos avionetas pertenecientes a la organización terrorista radicada en Miami, Florida, Hermanos al Rescate, el 24 de febrero de 1996. Por el incidente, Gerardo fue condenado a una de las dos cadenas perpetuas que pesan sobre él.

Uno de los elementos que plantea ese recurso es la solicitud a Washington para que muestre las imágenes satelitales de sus radares, con lo cual se verificaría lo que sostiene La Habana: esas avionetas fueron derribadas en aguas cubanas.

La inocencia de Gerardo de participación en los hechos según la acusación de la fiscal “ahora es indiscutible”, puntualizó Klugh.

El letrado reitera que Hernández “no tenía conocimiento de las acciones que Cuba consideraría necesarias para defenderse de las violaciones de su espacio aéreo”.

Expresó además que “los documentos y memorandos jurídicos presentados demuestran la terrible injusticia de su condena”.

Comentó que el abogado Paul McKenna entregó una declaración jurada que “explica muy claramente cómo a Gerardo se le negó el derecho a dar testimonio de su inocencia y la forma en que el caso fue al jurado en base de una teoría completamente errónea”.

“Gerardo es inocente y esperamos seguir demostrando su inocencia en una audiencia”, subrayó el letrado.

Aclaró igualmente que “no hay plazos fijos para la resolución de un recurso de hábeas corpus”, lo que sustenta el criterio de que la jueza Lenard puede tomar todo el tiempo que estime conveniente para responder si escucha o no “tales argumentos significativos de los hechos y de la ley”.

“El curso normal de los tribunales -advirtió Klugh- sería el nombramiento de un juez de primera instancia para conocer los elementos probatorios de la demanda en una audiencia de prueba independiente, y esperamos la audiencia”.

Añadió que el caso contra Hernández “no soporta el examen de los hechos”.

“La única manera con que se obtuvo la condena fue a través de una serie de mala conducta de la fiscal y el abuso de los procesos debidos. Una injusticia no ocurre por sí sola; fue un esfuerzo constante de mala fe por parte del gobierno de Estados Unidos el que condujo a la condena injusta”.

RECURSOS LEGALES

En relación con Antonio Guerrero (resentenciado en 2009 a 21 años y 10 meses de prisión), precisó que también presentó su réplica a la respuesta del gobierno.

Guerrero se enfoca, como lo hizo Gerardo, en el uso de empleados pagados de Radio y TV Martí para publicar artículos que envenenaran la atmósfera en contra de los acusados durante el juicio celebrado en Miami.

“La petición de Antonio sigue pendiente y esperamos una audiencia sobre sus denuncias de mala conducta del gobierno, incluyendo el pago secreto a periodistas hostiles a los Cinco”, enfatizó.

En cuanto a Ramón Labañino (resentenciado a 30 años) y Fernando González (resentenciado a 17 años y nueve meses) argumentó que “han presentado sus peticiones de hábeas corpus”.

“Ambos alegan la grave mala conducta de la fiscal y del gobierno en el pago a periodistas”, lo que al final conllevó que se les negara “el derecho a un juicio justo”.

Para Richard Klugh la evidencia en esta causa es abrumadora. “Ha llegado el momento -de hecho, había llegado desde hace mucho tiempo- para el regreso de los Cinco” a su patria, sentenció.

El abogado reiteró el compromiso de no descansar “hasta que exijamos todos los recursos judiciales y demandas a la rama ejecutiva del gobierno de Estados Unidos”.

“El esfuerzo para poner fin a esta injusticia no cesará hasta que los Cinco sean devueltos a su país”, subrayó Klugh.

* Periodista de la redacción Norteamérica de Prensa Latina

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