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UN “ASESINATO” FABRICADO I-V

Ricardo Alarcón de Quesada

I: UN “ASESINATO” FABRICADO

El 24 de febrero de 1996 se produjo un lamentable incidente frente al Malecón habanero. Dos avionetas pertenecientes a un grupo terrorista de Miami fueron derribadas por la defensa antiaérea cuando violaron el territorio nacional de Cuba. Decenas de violaciones semejantes habían ocurrido en el último año y el Gobierno había advertido públicamente que no toleraría su repetición.

El hecho agravó seriamente las tensiones entre Estados Unidos y Cuba y fue objeto de intensos debates en la Organización de Aviación Civil Internacional y el Consejo de Seguridad de la ONU.

El 7 de mayo de 1999 – luego que habían pasado tres años y más de dos meses – el gobierno de Estados Unidos, de modo irresponsable y caprichoso, utilizó el incidente y lo convirtió en el Cargo 3  (Conspiración para cometer asesinato) formulado sólo contra Gerardo Hernández Nordelo.

El Cargo 3 concentró casi completamente el proceso de los Cinco. A esta acusación dedicó el Tribunal la mayoría de sus sesiones, expertos y testigos. En la sala de la Corte estuvieron presentes todos los días los familiares de los que perdieron la vida el 24 de febrero de 1996 quienes hacían demostraciones públicas y daban conferencias de prensa allí mismo frente a los miembros del jurado.

El tema fue el eje central de la campaña mediática. Sobre él se produjeron miles de artículos y comentarios en la prensa escrita y en las emisoras de radio y televisión.

Curiosamente los medios le prestaron gran atención al Cargo 3 antes de que éste existiera. Puede afirmarse sin la menor duda que la acusación fue resultado de una conspiración entre el Gobierno y los grupos terroristas responsables de aquel suceso en la que los “periodistas” pagados por el Gobierno tuvieron un papel decisivo.

En septiembre de 1998 cuando el FBI apresó a los Cinco, la Fiscalía presentó los cargos de los que eran acusados. Allí no estaba el Cargo 3, no se hacía referencia alguna a incidentes aéreos o avionetas derribadas ni a nada por el estilo. La acusación contra Gerardo fue agregada más de siete meses después cuando él y sus compañeros estaban en confinamiento solitario, aislados del mundo, en su primera visita al “Hueco” que duró 17 meses.

Una revisión de la prensa de Miami entre septiembre de 1998 y mayo de 1999 permite comprobar la afirmación anterior. Se pueden encontrar numerosas declaraciones de dirigentes de grupos terroristas, ampliamente difundidas y amplificadas por los “periodistas”, pidiéndole al Gobierno que agregase la nueva acusación. Entre otras cosas, puede leerse la información, profusamente desplegada, acerca de reuniones entre los fiscales y los terroristas de las que surgiría la llamada “Segunda Acta Acusatoria”, que sustituiría a la anterior incorporando el Cargo 3.

La lectura de ambos documentos de la Fiscalía haría que cualquier periodista medianamente serio se sorprendiera y sintiera la obligación de averiguar. Según esos documentos el FBI había logrado descubrir quién era realmente y qué hacía en Estados Unidos Gerardo Hernández Nordelo, por lo menos, desde 1994, más de dos años antes del incidente de 1996. Habían conseguido descifrar sus comunicaciones con La Habana, sabían lo que hacía y lo que se le instruía hacer. Por eso no actuaron contra Gerardo y sus compañeros, porque les constaba que su trabajo no era en absoluto perjudicial para Estados Unidos ni para el pueblo norteamericano.

Sabían también que Gerardo nada tenía que ver con los sucesos de 1996. En aquellos días fue grande el alboroto, no sólo en Miami sino también en Washington. Bill Clinton, quien era el Presidente, ha escrito que entonces se le propuso incluso un ataque militar contra Cuba. Los más agresivos grupos del Sur de la Florida vociferaban día y noche reclamando guerra. El contubernio de esos grupos con el FBI local  es archiconocido. ¿Puede alguien creer que no habrían hecho nada contra el “culpable” por el derribo de las avionetas? ¿Qué no hubieran actuado contra él si lo hubiesen tenido allí mismo, y controlado por el FBI, en Miami?

¿Y Cuba? Ninguna de las comunicaciones entre La Habana y Gerardo, que posee el FBI y fueron presentadas en el juicio,  sugieren siquiera que existiese la menor preocupación por su seguridad y por protegerlo frente a los riesgos que enfrentaría si él hubiese tenido alguna participación en aquel incidente. Gerardo continuó su labor en Miami durante casi tres años más. Vino a Cuba de vacaciones y a nadie se le ocurrió que aquí se quedase para proteger su vida.

Cuando lo detuvieron en septiembre de 1998 no lo acusaron de nada relacionado con lo ocurrido en 1996 por la sencilla razón de que el FBI conocía, por lo menos desde 1994, lo que hacía Gerardo y sabía, por tanto, que él no tuvo relación alguna con aquella desgracia.

Sin embargo en 1999 se aparecieron con la increíble calumnia de acusarlo por participar en un asesinato en primer grado – con premeditación y alevosía – y lo hicieron – el FBI, o sea, el Gobierno – para satisfacer los deseos de la mafia terrorista y sus corifeos en los medios que eran, a su vez, asalariados del Gobierno.

Tan endeble era esa acusación que la propia Fiscalía reconoció después que no la podía probar y pidió retirarla, algo que hubiera sido noticia de primera plana si se tratase de otro caso y no el de los Cinco.

II: EL PLAN

El Cargo 3, agregado en mayo de 1999 contra Gerardo Hernández Nordelo después que llevaba casi 8 meses preso, reposa sobre una premisa, más que falsa, absurda: la inventada existencia de un plan del gobierno cubano para atacar aeronaves de Estados Unidos en el espacio internacional lo que equivale a decir que Cuba quería una confrontación militar con su poderoso vecino. ¿Puede alguien creer que esa era la intención de un país que jamás había atacado a nadie y atravesaba en esos momentos la peor crisis económica de su historia? ¿Qué podía ganar en una guerra con Estados Unidos?

El primer problema para fabricar algo tan delirante es que existe copiosa documentación que prueba exactamente lo contrario. Cuba, además de denunciarlo públicamente,  protestó cada violación a su territorio mediante notas diplomáticas en las que solicitaba a Washington que actuase para impedir su repetición. Fueron más de una docena de planteamientos oficiales. Paralelamente hicimos gestiones discretas, a muy alto nivel, con el Departamento de Estado y la Casa Blanca, en las que transmitimos nuestra preocupación y les pedimos ayudasen a evitar una confrontación. El Presidente Fidel Castro intervino personalmente en esos esfuerzos. Bill Clinton prometió que las provocaciones no se repetirían.

En respuesta a nuestras notas diplomáticas el Departamento de Estado nos informó que habían iniciado el proceso para retirarle su licencia de vuelo a José Basulto, el jefe del grupo provocador, y nos pidió informaciones adicionales que recibió y agradeció, formalmente, por escrito.

El señor Basulto, por cierto, llevó su insensatez entonces a declarar abiertamente que el deterioro de la economía era tal que Cuba no tenía medios para proteger sus fronteras y prometió continuar las provocaciones.

El 24 de febrero de 1996 era un día soleado y tibio. Un sábado agradable en el que nadie aquí vislumbraba la tragedia. A lo largo del Malecón muchos contemplaban una competencia de lanchas deportivas. Otros preparaban afanosamente el penúltimo desfile del Carnaval. No eran pocos tampoco los que se dirigían hacia el estadio para asistir a un juego decisivo en el que el equipo de pelota insignia de la capital enfrentaría a su principal rival. En la Universidad acabábamos de conmemorar el 40 Aniversario de la fundación del Directorio Revolucionario de la FEU (Federación Estudiantil Universitaria) y a mediodía, viejos combatientes y estudiantes celebrábamos la fecha también junto al litoral.

Miles de habaneros participaban en esas actividades, despreocupados, sin tener la menor idea de que, en algún lugar más allá del mar alguien planeaba sobrevolar la ciudad para confirmar la peregrina hipótesis de nuestra indefensión.

Otros, allende el Estrecho de la Florida, sí anticipaban lo que iba a suceder. Según la información que Washington entregaría más tarde a la misión de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) que investigó el incidente, el Departamento de Estado encargó a un funcionario mantenerse en contacto permanente con el aeropuerto  de Opalocka desde antes de despegar el fatídico vuelo. Tiempo después, cuando la Junta para la Seguridad del Transporte Aéreo discutía el asunto – porque finalmente le retiraron a Basulto su licencia -, un funcionario de apellido Houlihan, responsable de monitorear los radares norteamericanos desde el centro de control en California, testificó que varias semanas antes y la víspera del 24 de febrero le habían advertido desde Washington que vigilase especialmente los vuelos que el grupo de Basulto haría ese día porque se iba a producir un incidente.

Alguien estaba enterado de lo que podía suceder pero no hizo nada para evitarlo como era su obligación y tampoco alertó a Cuba.

Sí, hubo un plan, pero a él eran totalmente ajenos el Gobierno de Cuba y por supuesto, Gerardo Hernández Nordelo.

Gerardo probablemente estaba, como tantos industrialistas, esperando la victoria de su equipo. Nada conocía él ni nadie en Cuba de la provocación aérea que se avecinaba. No podía adivinar que lo que otros planeaban tendría tan graves consecuencias para él.

Él nada sabía de lo que pasaría aquel día. Nunca pudo imaginar que aquella luminosa tarde de primavera anticipada sería transformada, años después, en la vulgar calumnia que lo condujo a un verdadero infierno.

III: UNA EXTRAÑA INVESTIGACION

El 6 de marzo de 1996 en su sede de Montreal el Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional designó una comisión para que realizara una “investigación del incidente del 24 de febrero en todos sus aspectos, tomando en cuenta todos los factores que condicionaron el incidente y que llevaron a que ocurriera” y le encargó que le presentara su informe 60 días después. El 19 de marzo el presidente de esa comisión envió una comunicación a los gobiernos de Cuba y Estados Unidos en la que indicaba los datos e informaciones que requería al tiempo que solicitaba visitar ambos países.

Cuba respondió de inmediato y recibió a los investigadores pocos días después, el 24 de marzo. La misión trabajó intensamente hasta el día 31 de ese mes. De aquí se fue a Washington – 2 al 4 de abril – y Miami – abril 14 al 19.

Pero el 6 de mayo el Informe no estaba listo. La Comisión sólo pudo dar cuenta de lo que había hecho en sus visitas a los dos países y debió pedir un mes adicional para acopiar la información que aún le faltaba.

¿Qué había sucedido? Respecto a Cuba la comisión hizo constar lo siguiente: “para el 30 de marzo de 1996, las autoridades cubanas habían cumplido totalmente con todas las solicitudes formuladas por este equipo en relación con entrevistas y declaraciones por parte del personal civil y militar involucrado, entrevistas y declaraciones de testigos, informaciones civiles y militares, documentos y cartas, así como registros y transcripciones de comunicaciones.”

En cuanto a Estados Unidos, sin embargo, mencionó que tuvo varios encuentros con las autoridades, se reunió solamente con un testigo – José Basulto – y estaba a la espera de recibir los datos de los radares norteamericanos. Ni siquiera éstos les habían sido entregados a esas alturas.

La OACI, por supuesto, extendió el mandato de la comisión por un mes más, hasta el 6 de junio. Pero transcurrió la primera semana de ese mes y el informe no aparecía. El Consejo siguió esperando y la comisión no presentó su informe hasta finales de junio para ser considerado en la última sesión del Consejo antes del receso veraniego.

Entonces se supo algo de lo que había hecho la comisión después que salió de La Habana, único lugar donde encontró toda la información necesaria tres meses atrás. Según el informe final la misión no regresó a Washington ni a Miami. Sólo se reunió con funcionarios estadounidenses, en Montreal, los días 2, 3, 6, 7 y 9 de mayo y nuevamente el 3 y el 4 de junio. No hay que ser un oráculo para imaginar que esos cónclaves secretos facilitaron la redacción final del documento.

Aún los datos de las estaciones de radar norteamericanas eran sorprendentes. En una fueron destruidos, en otra se perdieron, otras ofrecían datos confusos aunque en general coincidían con la versión oficial de Washington, según la cual, el hecho habría ocurrido fuera del espacio cubano aunque muy cerca de él.
En Cuba, por cierto, los investigadores no solo habían recibido a tiempo los datos de nuestros radares, también visitaron sus instalaciones, revisaron sus equipos y entrevistaron a sus operadores. Nada de eso pudieron hacer del lado norteamericano.

En vista de las circunstancias, la comisión de la OACI decidió olvidar la información que daban los radares. En un gesto de extraña lucidez pidió a Washington que le entregase las imágenes tomadas por sus satélites espaciales. Pero la petición fue rechazada. Aunque no se quejó, la OACI dejó constancia de la curiosa negativa.

Prefirieron usar al capitán – de origen noruego pero residente en Miami -, del Majesty of the Seas, un crucero turístico que, decían, estaba por allí el día del incidente. Lo conocieron gracias al amable concurso de las autoridades norteamericanas, quienes lo recomendaron y concertaron el encuentro. No entrevistaron a nadie de la tripulación ni a ningún pasajero. Escogieron, como en un juego de azar, la observación visual de una persona que decía que el derribo habría ocurrido fuera del espacio cubano.

Tuvieron los investigadores la prudencia de aclarar que ellos no habían podido determinar independientemente la ubicación real del Majesty of the Seas. Pero no dijeron que ese navío pertenece a una empresa radicada en Miami y que sus dueños y ejecutivos están entre los fundadores y mayores contribuyentes de la Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA), la principal promotora del terrorismo anticubano y del grupo que provocó el incidente del 24 de febrero de 1996. Tampoco recordaron que en un reportaje sobre la FNCA publicado en 1995 por el New York Times el mismo patrón del Majesty of the Seas había dicho “queremos ayudar a la comunidad cubana en sus esfuerzos para derrocar a Castro.”

El intrépido marino, en efecto, no tardó en cumplir su promesa.

IV: IMAGENES SECUESTRADAS

La cuestión de las imágenes que los satélites norteamericanos registraron sobre los sucesos del 24 de febrero de 1996, reclamadas sin éxito por la OACI para el informe que enviaría al Consejo de Seguridad de la ONU, reapareció durante el juicio de Miami. La determinación del lugar exacto donde ocurrió el incidente no era relevante para Gerardo pues él era totalmente ajeno al hecho dondequiera que éste hubiera ocurrido. Pero era decisiva para el Tribunal pues sólo tendría jurisdicción si el lamentable suceso hubiese tenido lugar fuera del territorio cubano.

En Miami se repitió la discusión sobre los datos contradictorios de los radares. Fue un experto del gobierno, alto oficial retirado de la Fuerza Aérea, quien destapó la olla. Pensando quizás resolver la disputa preguntó simplemente ¿por qué no vemos las imágenes de nuestros satélites?

De inmediato la Defensa respaldó la idea, la hizo suya y presentó una moción por la cual la Jueza habría instruido al Gobierno que presentase las imágenes. La Fiscalía tercamente se opuso. Ahora la disputa no era sobre la ubicación del incidente aéreo sino sobre la ubicación de las imágenes que supuestamente aclararían el asunto. La Corte se puso del lado del Gobierno y no accedió a la petición.

Desde entonces no han sido pocos los esfuerzos para encontrar las tan famosas como perdidas imágenes. El centro para el Derecho Constitucional y los Derechos Humanos, respetable institución privada de California, desde hace años lleva a cabo incontables gestiones para obtenerlas, hasta ahora infructuosamente. Amparado en la Ley de Libertad de Información (FOIA) las ha solicitado varias veces a los organismos oficiales de Estados Unidos que manejan los satélites de ese país. Todos se han negado a facilitarlas. El Centro ha recurrido también a la vía judicial y está a la espera de un pronunciamiento de la Corte de Apelaciones de California.

Semejante reclamo está incluido en el Habeas Corpus presentado a nombre de Gerardo Hernández Nordelo. Como seguramente habrá adivinado el lector, la Fiscalía en su respuesta se opuso ya a la presentación de las imágenes.

El Gobierno de Estados Unidos ha dado prueba de una rigurosa consistencia en su tenaz negativa a mostrar las imágenes tomadas por sus propios satélites. Sólo las examinaron, obviamente, las autoridades norteamericanas, quienes, al mismo tiempo, se han encargado de impedir que alguien más pueda verlas. No pudo conocerlas la OACI, ni el Consejo de Seguridad de la ONU, ni un tribunal federal, ni la sociedad civil norteamericana. Sólo el gobierno accedió a las imágenes. Nadie más. Han pasado más de 16 años de hermético ocultamiento. Las imágenes satelitales fueron, sencillamente, secuestradas, desaparecieron.

¿Cómo explicar esa conducta? ¿Qué otra explicación puede tener como no sea que los gobernantes norteamericanos, los únicos privilegiados que vieron las imágenes, saben que ellas prueban que el incidente ocurrió dentro del territorio cubano? Sólo eso puede explicar que  las condenasen, también a ellas, al confinamiento solitario y las hayan hundido en un insondable “hueco”.

El 24 de febrero de 1996 se produjo un lamentable incidente frente al Malecón habanero. Dos avionetas pertenecientes a un grupo terrorista de Miami fueron derribadas por la defensa antiaérea cuando violaron el territorio nacional de Cuba. Decenas de violaciones semejantes habían ocurrido en el último año y el Gobierno había advertido públicamente que no toleraría su repetición.

El hecho agravó seriamente las tensiones entre Estados Unidos y Cuba y fue objeto de intensos debates en la Organización de Aviación Civil Internacional y el Consejo de Seguridad de la ONU.

El 7 de mayo de 1999 – luego que habían pasado tres años y más de dos meses – el gobierno de Estados Unidos, de modo irresponsable y caprichoso, utilizó el incidente y lo convirtió en el Cargo 3  (Conspiración para cometer asesinato) formulado sólo contra Gerardo Hernández Nordelo.

El Cargo 3 concentró casi completamente el proceso de los Cinco. A esta acusación dedicó el Tribunal la mayoría de sus sesiones, expertos y testigos. En la sala de la Corte estuvieron presentes todos los días los familiares de los que perdieron la vida el 24 de febrero de 1996 quienes hacían demostraciones públicas y daban conferencias de prensa allí mismo frente a los miembros del jurado.

El tema fue el eje central de la campaña mediática. Sobre él se produjeron miles de artículos y comentarios en la prensa escrita y en las emisoras de radio y televisión.

Curiosamente los medios le prestaron gran atención al Cargo 3 antes de que éste existiera. Puede afirmarse sin la menor duda que la acusación fue resultado de una conspiración entre el Gobierno y los grupos terroristas responsables de aquel suceso en la que los “periodistas” pagados por el Gobierno tuvieron un papel decisivo.

En septiembre de 1998 cuando el FBI apresó a los Cinco, la Fiscalía presentó los cargos de los que eran acusados. Allí no estaba el Cargo 3, no se hacía referencia alguna a incidentes aéreos o avionetas derribadas ni a nada por el estilo. La acusación contra Gerardo fue agregada más de siete meses después cuando él y sus compañeros estaban en confinamiento solitario, aislados del mundo, en su primera visita al “Hueco” que duró 17 meses.

Una revisión de la prensa de Miami entre septiembre de 1998 y mayo de 1999 permite comprobar la afirmación anterior. Se pueden encontrar numerosas declaraciones de dirigentes de grupos terroristas, ampliamente difundidas y amplificadas por los “periodistas”, pidiéndole al Gobierno que agregase la nueva acusación. Entre otras cosas, puede leerse la información, profusamente desplegada, acerca de reuniones entre los fiscales y los terroristas de las que surgiría la llamada “Segunda Acta Acusatoria”, que sustituiría a la anterior incorporando el Cargo 3.

La lectura de ambos documentos de la Fiscalía haría que cualquier periodista medianamente serio se sorprendiera y sintiera la obligación de averiguar. Según esos documentos el FBI había logrado descubrir quién era realmente y qué hacía en Estados Unidos Gerardo Hernández Nordelo, por lo menos, desde 1994, más de dos años antes del incidente de 1996. Habían conseguido descifrar sus comunicaciones con La Habana, sabían lo que hacía y lo que se le instruía hacer. Por eso no actuaron contra Gerardo y sus compañeros, porque les constaba que su trabajo no era en absoluto perjudicial para Estados Unidos ni para el pueblo norteamericano.

Sabían también que Gerardo nada tenía que ver con los sucesos de 1996. En aquellos días fue grande el alboroto, no sólo en Miami sino también en Washington. Bill Clinton, quien era el Presidente, ha escrito que entonces se le propuso incluso un ataque militar contra Cuba. Los más agresivos grupos del Sur de la Florida vociferaban día y noche reclamando guerra. El contubernio de esos grupos con el FBI local  es archiconocido. ¿Puede alguien creer que no habrían hecho nada contra el “culpable” por el derribo de las avionetas? ¿Qué no hubieran actuado contra él si lo hubiesen tenido allí mismo, y controlado por el FBI, en Miami?

¿Y Cuba? Ninguna de las comunicaciones entre La Habana y Gerardo, que posee el FBI y fueron presentadas en el juicio,  sugieren siquiera que existiese la menor preocupación por su seguridad y por protegerlo frente a los riesgos que enfrentaría si él hubiese tenido alguna participación en aquel incidente. Gerardo continuó su labor en Miami durante casi tres años más. Vino a Cuba de vacaciones y a nadie se le ocurrió que aquí se quedase para proteger su vida.

Cuando lo detuvieron en septiembre de 1998 no lo acusaron de nada relacionado con lo ocurrido en 1996 por la sencilla razón de que el FBI conocía, por lo menos desde 1994, lo que hacía Gerardo y sabía, por tanto, que él no tuvo relación alguna con aquella desgracia.

Sin embargo en 1999 se aparecieron con la increíble calumnia de acusarlo por participar en un asesinato en primer grado – con premeditación y alevosía – y lo hicieron – el FBI, o sea, el Gobierno – para satisfacer los deseos de la mafia terrorista y sus corifeos en los medios que eran, a su vez, asalariados del Gobierno.

Tan endeble era esa acusación que la propia Fiscalía reconoció después que no la podía probar y pidió retirarla, algo que hubiera sido noticia de primera plana si se tratase de otro caso y no el de los Cinco.

V: MILAGRO EN MIAMI

El 25 de mayo de 2001, cuando iba a concluir el juicio de Miami, la Fiscalía presentó ante la Corte de Apelaciones en Atlanta una Petición de Emergencia para una Orden Inhibitoria (Emergency Petition for Writ of Prohibition). Lo primero que sorprende es la velocidad –poco más de un par de horas- con que el Gobierno preparó este documento de más de cuarenta páginas. Así describieron lo ocurrido:

“En algún momento durante las horas de la mañana del 25 de mayo de 2001, después de seis días de debate, la corte ultimó las instrucciones que se darían al jurado en este tema. Después de la 1 pm del mismo día, Estados Unidos recibió de la Corte de Distrito una copia de esas instrucciones. Estados Unidos puso objeciones a varias de estas instrucciones.” (Petición de Emergencia, página 3)

Esa misma tarde, la Fiscalía dió “el paso sin precedentes de solicitarle a esta Corte una orden inhibitoria” (Idem, p.4 y 5).

¿Qué buscaba prohibir la Fiscalía? Leamos la Petición de Emergencia:

“Que se le ordene a la corte que instruya al jurado que no es necesario hallar que el acusado Hernández, o sus co-conspiradores en el Cargo Tres de la acusación, haya acordado que los asesinatos ocurrirían en la jurisdicción especial marítima y territorial de Estados Unidos.

Que se le prohíba a la corte darle al jurado una pauta de instrucción de asesinato en primer grado e instruir al jurado que debe hallar que el acusado Hernández conspiró para cometer asesinato premeditado.

Que se le prohíba a la corte darle al jurado una instrucción basada en la teoría de defensa en relación con el Cargo Tres que incluya las cláusulas de las convenciones y anexos de la OACI.”  (Idem, Páginas 39 y 40)

Pero sucede que, al redactar sus instrucciones al jurado la Jueza no hizo más que ajustarse a la acusación que la Fiscalía había formulado en mayo de 1999: “el acusado Gerardo Hernández a sabiendas, intencionada e ilegalmente se unió, conspiró, fue cómplice y acordó con personas conocidas y desconocidas para este Gran Jurado, perpetrar asesinato, que es la muerte sin justificación legal de seres humanos con premeditación, en la jurisdicción especial marítima y territorial de Estados Unidos, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1111.” (Segunda Acusación Sustitutiva, página 14)

Basta comparar esta acusación del Gobierno con la instrucción de la Jueza para comprender que son idénticas:

“El Cargo 3 refiere que el acusado Gerardo Hernández conspiró con otras personas para perpetrar un asesinato, es decir, la muerte sin justificación legal de seres humanos con intención criminal y premeditación en la jurisdicción marítima y territorial especial de los Estados Unidos.” (Transcripción del juicio ante la Honorable Joan A. Lenard, páginas 14587 a 14.588)

La jueza Lenard en consecuencia señaló que Gerardo:

“Puede ser encontrado culpable de ese delito sólo si todos los hechos siguientes son probados más allá de cualquier duda razonable.

“Primero. Que las víctimas nombradas en la acusación están muertas.

“Segundo. Que el acusado causó la muerte de las víctimas con intención criminal.

“Tercero. Que el acusado lo hizo con premeditación.

“Cuarto. Que el asesinato ocurrió dentro de la jurisdicción marítima y territorial especial de los Estados Unidos.” (Idem páginas 14598 a 14599)

¿Cómo podía objetar el Gobierno una instrucción que calcaba exactamente su propio alegato?

Habían transcurrido dos años desde que el gobierno lanzó esa calumnia sin fundamento contra Gerardo Hernández Nordelo y durante ese tiempo  organizó y financió una feroz campaña de propaganda y sometió al jurado y a los testigos a numerosas presiones pese a las reiteradas quejas de la propia jueza.  Desde mayo de 1999 Gerardo había sido declarado culpable no sólo por la prensa local sino también por todas las autoridades y personajes de Miami.

Dentro de la sala del tribunal, sin embargo, el infundio torpemente fabricado se deshizo ante los argumentos de la defensa y las declaraciones de especialistas de ambos bandos. Consciente de su fiasco, la Fiscalía se sintió obligada a objetar las instrucciones de la Jueza o, lo que es lo mismo, a negar su propia acusación: “teniendo en cuenta la evidencia presentada durante el juicio, esto constituye un obstáculo insuperable para los Estados Unidos en este caso, y probablemente tendría como consecuencia el fracaso de la acusación en este cargo.”  (Emergency Petition, page 21).

La Fiscalía, en fin, reconocía su fracaso. Era una acción “sin precedentes”, según sus propias palabras.

La Corte de Apelaciones no accedió a la petición.  Tampoco concedió la suspensión temporal del juicio que igualmente le habían pedido los fiscales.  El asunto regresó a Miami.  Tocaba al Jurado pronunciarse.

Y lo hizo también con insólita velocidad.  Los jurados no hicieron ninguna pregunta ni expresaron la menor duda.  A nadie se le ocurrió siquiera solicitar aclaración sobre la Emergency Petition for Writ of Prohibition.  Ya lo había dicho la Jueza Lenard.  Tenían miedo.  Por eso, frente a aquellos rostros amenazantes, encarando por última vez las cámaras y micrófonos que los habían asediado por largos meses, dieron el veredicto de culpabilidad que se les exigía.

Gerardo Hernández Nordelo fue condenado a morir en prisión por un crimen que no existió; por un suceso con el que él no tuvo relación alguna; por una acusación fabricada que los propios fiscales admitieron que no podían probar y habían tratado de retirarla.

Pese a su derrota, la Fiscalía ganó, logró lo que buscaba, castigar a un inocente y robarle la vida.  A fin de cuentas, sucedió en Miami.

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